El caos que caracteriza la ausencia de gobernanza del agua en Guatemala, provoca elevada vulnerabilidad a desastres por contaminación de cuerpos de agua.
La institucionalidad no está a la altura de estos retos.
El país NO tiene línea base nacional ni registro histórico o monitoreo programado de la calidad hídrica en puntos de control en la mayoría de cuerpos de agua.
Los recursos MARN para ello son muy escasos; una evaluación institucional (GEA, 2011) demostró que tenían presupuesto p/aprox. 1 o 2 análisis de calidad del agua por municipio/año.
En 2020 se emitió una norma p/consolidar en 5 años un sistema de información de entes generadores de aguas residuales del país. P/derrames en industrias lo poco regulado se incluye en los EIA (débil monitoreo) o certificaciones.
MSPAS es el ente público más "fuerte" para control de calidad del agua; SIVIAGUA la vigila en sistemas de distribución p/población sin incluir cuerpos de agua principales.
La falta de ley del agua, provoca un vacío institucional que agudiza el problema. No hay capacidad ni presupuesto para responder a contaminaciones severas "puntuales" o crónicas como las de las aguas residuales y basuras del país.
Las empresas comprometidas con el cumplimiento de la ley para tratamiento y manejo de aguas residuales y lodos, diseñan, construyen y operan con rigurosidad sus plantas de tratamiento. Aunque se suele ver como un gasto, es una inversión a la paz social y para la sostenibilidad de sus sistemas productivos, pues muchas de las comunidades rurales vecinas, carentes de servicios públicos de agua potable y saneamiento suelen ejercer presión social "local" y hacer más visibles a los "grandes usuarios del agua".
Es necesario avanzar un diálogo que conviene a todos, para superar estos retos profundos y encontrar los mecanismos legales, institucionales, técnicos y de inversión requeridos.
Fotografía tomada de: https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/las-aguas-del-rio-samala-se-tinen-de-color-rojo.shtml
